La Universidad católica de El Salvador apoya a Baltazar Garzón

A quienes hemos sufrido crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes, nos agrede y duele el enjuiciamiento actual contra el juez Garzón. A quienes pensamos que la humanidad es una, y que por tanto todo delito contra la humanidad debe de alguna manera ser declarado como tal, nos preocupa severamente que se acuse de prevaricato a un juez que tuvo el valor de investigar crímenes amnistiados en el propio país.

En su defensa el juez Garzón ha pedido que se consulte a jueces y juristas de América Latina. En mi calidad de testigo y, en su momento, parte ofendida en el juicio que consagró la impunidad de los autores intelectuales del asesinato de seis jesuitas en El Salvador y dos de sus trabajadoras, quisiera hacer una pequeña relación de lo que significó para nosotros la aplicación del principio de justicia universal del juez Garzón en el conocido caso del dictador Pinochet.

En primer lugar nos dio ánimo y esperanza. El caso Pinochet abrió posibilidades inéditas. En El Salvador teníamos una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo al gobierno de nuestro país que investigara con estándares internacionales el caso jesuitas en el nivel de la autoría intelectual, llevara a juicio a sus autores e indemnizara adecuadamente a las víctimas. El entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, dijo con toda tranquilidad que no iba a seguir las recomendaciones. Ello apesar de que un tratado internacional obliga al Estado signatario a poner sus mejores esfuerzos para el fiel cumplimiento de lo recomendado. Las recomendaciones siguen hoy pendientes, pero los dos últimos gobiernos han abierto al menos conversaciones sobre el camino de cumplimiento de las mismas. Para nosotros no hay duda de que los esfuerzos del juez Garzón por aplicar el principio de justicia universal contribuyó tanto a darnos fuerza en la defensa de nuestros derechos, como a darnos seguridad moral. La palabra del presidente Flores, superficial e ignorante, no sepultaría en la impunidad un caso de lesa humanidad.

Al igual que Pinochet, quienes mataron a los jesuitas y sus dos trabajadoras están amnistiados. Y ambos casos se han abierto en España a pesar de las amnistías que en sus países los protegían. Acusar al juez Garzón de prevaricato porque los crímenes de la guerra civil que investigó están amnistiados no deja de escandalizarnos. Supone que las amnistías españolas son más respetables que las latinoamericanas. O que los criminales de lesa humanidad españoles son más dignos del perdón legal que otros criminales del mundo. Para quienes pensamos que la humanidad es una, en esa gran tradición que abrieron cada cual a su modo Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, perseguir ahora al juez Garzón es enfrentarse a una tradición, no siempre continuada ni defendida, pero que ennoblece al pensamiento español.

El prevaricato en el derecho romano consistía sustancialmente en que el abogado de una de las partes, defensor o acusador, se unía en secreto, por dinero o por la razón que fuera, a la parte contraria, y maniobraba en favor de ella durante el juicio. Pero en un juicio las víctimas nunca pueden ser la parte contraria de un juez. Si el juez existe para algo es para defender el derecho de la víctima y no del verdugo. Más aún, desde el uso del idioma, y más allá de los contenidos de las diversas legislaciones, podríamos llamar prevaricador a cualquier juez que se implique defendiendo a los verdugos. Y ciertamente no es este el caso del Baltasar Garzón. Lamentaríamos, sin embargo, que fuera ese el caso de los jueces que en este momento están decidiendo sobre el juez Garzón.

José M. Tojeira,
Rector

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